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COVID-19: Medidas económicas y sociales aprobadas

 

Con fecha de hoy, 18 de marzo del 2020, se ha publicado en el BOE, el Real Decreto Ley 8/2020 con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la situación actual que pasamos brevemente a detallaros:

Hasta ahora, las medidas adoptadas consistían, principalmente, en una moratoria tributaria de 6 meses para las liquidaciones a presentar hasta el 30 de mayo, suspensión de plazos para los procedimientos administrativos, la asimilación de las bajas laborales por contagio y cuarentena,  a accidentes de trabajo y la declaración del estado de alarma con el cierre de comercios (exceptuando los ya conocidos) y la prohibición de circular por la vía pública, salvo para casos concretos.

 

Prestación por cierre de actividad

 

Como medida más importante que afecta a los autónomos individuales, está la prestación por “cese de actividad”, prestación que pagará la mutua o el INSS (para los autónomos más antiguos), consistente en una prestación extraordinaria del 70 % de la base reguladora del autónomo (para los autónomos con base mínima actual de 944,35 € la prestación sería  de 661,04 €) durante un mes a partir del 14 de marzo; de  prolongarse el estado de alarma, esta prestación duraría hasta el último día del mes en que finalizara dicho estado de alarma.

Como requisito principal, a parte, de estar al corriente de pago:

  • tenemos que estar afectados por el obligado cierre de negocios establecido en el estado de alarma.
  • Para el resto de situaciones, será preciso acreditar que hay una disminución de la facturación del 75% en el mes anterior en que se solicita, con respecto al promedio del último semestre:
      • Adelantamos, que acreditar esta situación en actividades que tributan por módulos no va a ser sencillo, además hasta ahora, las mutuas pagaban esa prestación que ya existía, en contadas ocasiones.
      • para los que no tributen en módulos y no tengan asalariados, o si los tienen y han sido incluidos en un expediente de regulación de empleo temporal, habrá que mirar caso a caso.

El periodo durante el cual se cobre la prestación se considerará como cotizado, pero de entrada, y a la espera de aclaraciones, no es necesario darse de baja de la actividad y se suspenderá el pago del autónomo durante ese tiempo.

 

Expediente de regulación de empleo temporal

 

Las empresas afectadas por el cierre declarado por el estado de alarma (cancelación o suspensión de la actividad), podrán presentar expedientes de regulación de empleo temporales hasta la finalización del estado de alarma, por el trámite de fuerza mayor, es decir, comunicación del ERTE a la autoridad laboral que constatará dicha situación y responderá en 5 días. En estas situaciones la empresa dejará de pagar las cotizaciones sociales a la seguridad social durante el periodo en que dure el ERTE (empresas de menos de 50 trabajadores, para el resto ahorro del 75%).

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19 se tramitaran por el procedimiento establecido en la normativa ordinaria, si bien se reducen los plazos, requerirá acuerdo con la representación de los trabajadores y habrá que acreditar las causas y la aprobación por parte de la autoridad laboral. Esta vía va a ser más larga, pues requiere configurar la representación de los trabajadores (5 días) periodo de consultas (7 días) informe de la inspección de trabajo (7 días) y resolución de la autoridad laboral, con lo cual, además de más tiempo es mucho más costosa.

En ambos tipos de ERTE el trabajador pasará a cobrar la prestación por desempleo, sin necesidad de acreditar el periodo mínimo de cotización y sin que dicho cobro disminuya el periodo a percibir en una futura prestación por desempleo posterior.

Todas estas medidas están sujetas al mantenimiento del empleo durante el periodo de 6 meses en el momento que se reanude la actividad.

 

Trabajo a distancia y reducción de jornada

 

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa, siempre que sea posible y proporcional, adoptar las medidas oportunas. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, por situaciones relacionadas por el COVID-19. Este derecho es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa, haciendo lo posible ambas partes en llegar a un acuerdo. Esta medida debe ser comunicada por el trabajador a la empresa en 24 horas y conlleva una reducción de salario proporcional a la reducción de la jornada propuesta.

 

Suspensión de plazos y pago de deudas

 

Se suspenden:

  • los plazos de pago de deudas tributarias y vencimientos de plazos y fracciones de aplazamientos concedidas.
  • los plazos de atención de notificaciones recibidas por la administración (requerimiento de informes, alegaciones…) hasta 30/04/2020.
  • los embargos que recaigan sobre bienes inmuebles también hasta 30/04/2020.

Todos los procesos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del real decreto, (requerimientos, aplazamientos…) se extienden hasta 20/05/2020, salvo que el otorgado por norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.

En cambio, los plazos de presentación e ingreso de las autoliquidaciones y los plazos de presentación de las declaraciones informativas no se ven afectadas por el Real Decreto. Por ello, en principio en fecha 20 de abril se debe proceder al ingreso de las autoliquidaciones correspondientes al primer trimestre del 2020.

 

Generalitat de Catalunya

 

La Generalitat de Catalunya ha establecido una ayuda a los autónomos individuales que acrediten una disminución drástica de su facturación (comparando los ingresos del 2020 con los ingresos del 2019) como consecuencia de los efectos del coronavirus, una prestación que puede alcanzar hasta los 2.000 € pero que estará limitada a 7,5 millones de euros, otorgados por concurrencia competitiva (comparación de solicitudes según criterios que se publicarán) hasta agotar presupuesto ( ello supone en torno a 4.500 autónomos, pero en Catalunya hay más de medio millón de autónomos). Estaremos atentos a los requisitos, pero no será fácil dado el reducido número de ayudas a conceder.

 

Otras medidas

 

  • Se establece una moratoria en el pago de hipotecas para la vivienda habitual, facturas de gas natural, electricidad, agua y telecomunicaciones cuyas características y requisitos viene recogido en la normativa aprobada y que podéis consultar con vuestro banco o con vuestros suministradores de servicios.
  • Se establece la prórroga automática de prestaciones y subsidios por desempleo y el sellado mientras dura esta situación excepcional, al igual que se dan por prorrogados por un año los DNI que tenga su caducidad durante este periodo excepcional.

 


Recordamos que esta publicación tiene una finalidad meramente informativa y general. Si necesita asesoramiento concreto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

agh