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PARÓN DE TODA LA ACTIVIDAD NO ESENCIAL, PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y PROHIBICIÓN DE DESPIDOS

 

Después de prorrogar el Estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020, se ha aprobado en Consejo de Ministros, el paro de toda la actividad económica declarada no esencial para el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 de abril.

De entrada, todos los establecimientos comerciales minoristas que vienen trabajando hasta ahora seguirán haciéndolo (alimentación, bebidas, gasolineras, quioscos, farmacias, estancos, ópticas, entidades financieras y de seguros etc.) pero el resto de la actividad económica se paraliza salvo las actividades o sectores declarados esenciales en el anexo de la norma aprobada. Este anexo contiene varios puntos no del todo clarificadores, pero de entrada, y como información relevante en el tema que nos ocupa, se mantiene la actividad de producción y distribución de bienes de primera necesidad relacionados con los comercios que viene abriendo hasta ahora, en la industria se mantiene la producción y distribución de productos sanitarios, farmacéuticos y actividades relacionadas con esos sectores, se mantiene el transporte de mercancías, centros sanitarios para personas y animales, empresas de telecomunicaciones y servicios informáticos, empresas que se dedican a la limpieza, mantenimiento y reparaciones urgentes o vigilancia, gestión de residuos, abastecimiento, tratamiento y depuración agua,  y las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

Esperemos que en las próximas horas clarifiquen las actividades declaradas esenciales, si bien, la construcción y todas sus actividades relacionadas quedan paralizadas. En el siguiente enlace se encuentra la norma publicada: enlace al BOE

En los casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad,  se podrá prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para no perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación.

De manera obligatoria para las empresas que paralizan su actividad y para sus trabajadores afectados, se ha establecido un permiso retribuido y recuperable. Esto quiere decir que desde el 30 de marzo al 9 de abril (9 días laborables para el supuesto de Catalunya y para empresas que trabajan de lunes a viernes) deberán ser recuperados antes del 31 de diciembre de este año mediante la realización de horas adicionales según se acuerde con los representantes de los trabajadores y respetando las limitaciones establecidas en la normativa vigente.

Este permiso recuperable no será de aplicación a los trabajadores afectados por un ERTE, ni a los que estén en situación de incapacidad temporal, ni a los que están en permiso de paternidad/maternidad y tampoco a los trabajadores que estén teletrabajando.

Queda pendiente que alguien aclare que sucede con los trabajadores por cuenta propia (autónomos) que prestan servicios en actividades no esenciales, que han estado trabajando hasta ahora y que tienen que parar forzosamente su actividad. Muchos de ellos no han visto afectada su facturación en el mes de marzo, por lo que tampoco podrán solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad. Ejemplo: albañil autónomo que deja de trabajar durante estos días y como en marzo su facturación no se ha visto minorada en más del 75% con respecto al último semestre no tendrá derecho a dicha prestación, aunque su facturación de abril se verá claramente afectada.

 

Prohibición de los despidos y contratos temporales

 

Las causas por las cuales se puede interponer un ERTE por fuerza mayor (cierre de locales principalmente) o por las cuales se puede interponer un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, todas derivadas del COVID-19, no podrán invocarse para realizar una extinción de contrato o un despido por dichas causas.

Es decir, que pudiendo presentar un ERTE no se despida por dichas causas. Ahora bien, eso no impide que se eliminen de facto todos los despidos, pues, habrá que estar caso a caso y valorar cada situación concreta, pero de entrada se dificulta adoptar esa medida.

El gran problema surge si la empresa entiende que no puede aplicar un ERTE, o que su aplicación es complicada por no existir acuerdo con los trabajadores (ERTE por causas económicas) y procede al despido del trabajador por causas económicas pagando indemnización de 20 días por año. En estos supuestos, si el trabajador demanda, la norma no aclara si los tribunales tienen la opción de declararlo nulo (reincorporación y pago de salarios desde despido hasta sentencia) o sólo puede declararlo improcedente (aumento de la indemnización a 33 días por año).

Los contratos temporales suspendidos por causas derivadas del COVID 19, ya sea por ERTE por fuerza mayor o por el resto de ERTE, ampliarán su duración en el tiempo en el que estuvieran suspendidos. Una medida con poco efecto práctico en el ERTE por fuerza mayor ya que hay un compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses, si bien, el mantenimiento del empleo, por definición, no implica mantenerlo con las mismas personas.

 

Tramitación de Prestaciones por desempleo

 

  1. Trabajadores afectados por un ERTE

 

Lo trabajadores a los que se les haya aplicado un ERTE, con independencia de la causa, dado el colapso que tienen las comunidades autónomas para poder resolverlos, se ha establecido un mecanismo por medio del cual, los despachos realizamos una petición colectiva de la prestación por desempleo para cada una de las empresas que gestionamos. Este es el motivo de la solicitud de los datos bancarios de los trabajadores afectados por un ERTE. No necesitamos la aprobación de la autoridad laboral de la comunidad autónoma para que se tramite dicha prestación. La empresa debe comunicar a los trabajadores afectados que no realicen ninguna petición de prestación por desempleo, pues ya se ha realizado por este despacho.

Aquí surge una problemática que traerá consecuencias y duras. Desde el ministerio de trabajo se afirma que se revisarán de oficio todos y cada uno de los ERTE que se han presentado y en el supuesto de no acreditar con claridad las causas que motivan dicha medida, obligaran a las empresas a devolver la prestación por desempleo que ha percibido el trabajador y además la seguridad social que se ha dejado de pagar (ERTE fuerza mayor); como colofón habrá que pagarle la nómina al trabajador aunque no haya ido a trabajar pues el ERTE no se ha aprobado. Como podéis comprobar esto coloca a la empresa en una situación de inseguridad jurídica tremenda.

 

  1. Trabajadores despedidos o que finalizan sus contratos (no ERTE)

 

Si el trabajador tiene certificado electrónico o DNI electrónico puede obtener directamente el reconocimiento de su prestación por desempleo o realizar la solicitud online.

Para el supuesto de no disponer de certificados o DNI electrónico puede solicitar cita previa para cuando esta situación termine o utilizar el mecanismo que el SEPE ha establecido por el cual el trabajador que tiene que tramitar inicialmente su prestación por desempleo puede rellenar una presolicitud que se enviará al SEPE y será el SEPE quien se ponga en contacto con el trabajador para tramitar dicha alta. El enlace es el siguiente: enlace al SEPE


Recordamos que esta publicación tiene una finalidad meramente informativa y general. Si necesita asesoramiento concreto, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

agh